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El 16 de mayo de 2011 advertí que la ultraizquierda se estaba apropiando del movimiento “Democracia Real Ya”, posteriormente conocido como 15-M, por las movilizaciones de la víspera.
Una estrategia de agitación que dio lugar a actos violentos
Señalé en aquella entrada la presencia de elementos comunistas con banderas totalitarias en esas movilizaciones, a las que Izquierda Unida animó a acudir. Unos meses después, y siguiendo las mismas pautas de extrema izquierda, los “indignados” se propusieron reventar la Jornada Mundial de la Juventud. La algarada, muy bien preparada en plena visita del Papa Benedicto XVI a España, se saldó con insultos, amenazas de muerte e incluso agresiones a peregrinos, agresiones entre cuyas víctimas hubo menores e incluso una chica discapacitada.
Ese movimiento siguió activo dos años más. En febrero de 2013 describí aquí su estrategia de agitación, que incluía una justificación de la violencia, una violencia que salpicó muchas de sus movilizaciones. Lo que no me imaginaba yo es que esa estrategia de agitación acabaría documentándose y que se demostraría que esto había sido planificado por una fundación de ultraizquierda financiada y en contacto permanente con el régimen chavista venezolano.
La fundación de Pablo Iglesias propuso al régimen chavista la infiltración
Ayer Okdiario empezó a publicar unos documentos que la Fundación CEPS envió al régimen chavista. Dicha entidad fue motivo de un escándalo el año pasado cuando se desveló que CEPS recibió entre 2002 y 2014 3,7 millones de euros del régimen venezolano (al cambio, 615 millones de pesetas). En la dirección de esa fundación figuraban entonces Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, hoy dirigentes de Podemos. A finales de 2014, Vozpópuli reveló que dicha fundación había estado orientando la guerra sucia contra la oposición democrática venezolana. Pues bien: según los documentos de CEPS que ahora publica Okdiario, esa fundación propuso utilizar a “camaradas comunistas” para infiltrar el movimiento del 15-M e instrumentalizarlo en favor del régimen bolivariano. Según apunta el citado medio, la labor de “asesoramiento” de CEPS al régimen chavista estaba muy bien pagada: el gobierno de Hugo Chávez pagó los informes de la fundación a una media de 370 euros por página, una cantidad notable pagada con el dinero de todos los venezolanos, que han acabado arruinados por las políticas chavistas.
Nuestra democracia tiene el deber de defenderse frente a estas amenazas
Los documentos publicados por Okdiario son de suma gravedad, pues con ellos se demuestra que un gobierno extranjero, con características típicas de una dictadura, ha estado intentando desestabilizar nuestra democracia utilizando como instrumentos para ello a elementos extremistas españoles, concretamente a partidarios de una ideología totalitaria como es el comunismo. Ideología que Podemos ha disfrazado de morado para no generar tanto rechazo y captar así el apoyo de muchos despistados. Nuestra democracia tiene el deber de defenderse contra esta agresión, con la que se pretende echar abajo el modelo de convivencia votado por los españoles en 1978. Lo que se echa de menos en España es la existencia de mecanismos legales que permitan a nuestra democracia protegerse de quienes buscan derribarla. Ya es alarmante la tolerancia que existe en España con todo tipo de partidos totalitarios, pero que se permita actuar a uno que está siguiendo directrices de un gobierno extranjero, y dictatorial, para más inri, ya es el colmo. En este sentido, se echa de menos un recurso legal como el que contempla el Artículo 21.2 de la Constitución alemana:
“Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal.”
Y si no nos damos cuenta de la necesidad de recursos legales como éste, imaginemos lo que pasaría en Venezuela si se descubriese una financiación extranjera a un partido de la oposición para desmontar el régimen chavista. Por mucho menos de lo que hace Podemos en España, el régimen chavista tacha de “golpistas” a los opositores e incluso los manda a prisión, y Podemos -por cierto- se opone a condenar tal cosa. Mientras el régimen venezolano usa las prisiones para blindarse contra los demócratas, aquí dejamos barra libre a totalitarios que se proponen derribar nuestro marco constitucional. ¿Hasta cuándo?
