Resulta evidente la crisis en materia alimentaria y en el sector salud. Eso sin contar con los problemas de servicios básicos, la inseguridad y la alta inflación en el país, donde Ciudad Guayana ocupa el segundo lugar, colándose en el ranking de las ciudades más violentas del mundo al ocupar el puesto número 11. Mientras tanto el Gobierno, lejos de ofrecer una pronta solución, sigue optando a la represión para intentar frenar un descontento social que se incrementa en la medida que se agrava la escasez de casi todo lo que se pueda comprar.
“El Estado venezolano, con relación a los derechos humanos, tiene tres obligaciones: garantizar el acceso, cumplirlos y respetarlos. Si revisamos lo establecido en nuestra Constitución, nos damos cuenta que la salud y alimentación son derechos humanos que el Estado debe garantizar, hacer cumplir, y respetar (…) vemos que el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones”, señala Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de Provea.
En los últimos días han sido continuas las protestas en todo el país, bien sea por falta de agua, por el racionamiento eléctrico, por la inseguridad, por escasez de medicinas o porque no hay comida.
Ciudad Piar es ejemplo de ello: en dos días consecutivos se originaron dos saqueos a establecimientos de venta de alimentos, tras lo cual fue detenida la concejala opositora Lourdes Carreño por acusaciones del gobierno regional y la alcaldesa de Angostura, la oficialista Yusleiby Ramírez. La detención devino en su imputación por el delito de instigación pública además de una medida cautelar con régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.
Varios sectores de Ciudad Guayana, hasta Upata, en el municipio Piar, llevan meses sin agua; en el sector Buen Retiro, en San Félix, la comunidad protestó contra los abusos de funcionarios policiales, y en las colas sobran las denuncias de maltrato por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Se ha venido gestando un clima de alta tensión, y que se justifica que la gente se moleste; la repuesta del Gobierno es también una respuesta desproporcionada porque la gente está desesperada, la gente no encuentra alimentos para los niños, medicinas para sus familiares, y trae como consecuencia un caldo de cultivo para el clima de violencia”, agrega Hermida.
Una respuesta desacertada / Tensión de cuerda
Por los saqueos o cualquier otra protesta ciudadana, la respuesta inmediata son las detenciones o uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad: mecanismos que, si bien aplaca de momento los ánimos caldeados, la realidad es que se mantiene abierta la puerta del estallido social porque no hay soluciones, los problemas se agudizan y aumenta el descontento ante la represión.
“La represión no es precisamente la mejor respuesta, el Gobierno venezolano ha venido actuando de la misma manera como actuó en 2014, con manifestaciones que se dieron por exigencias de derechos políticos, la represión es también una violación de derechos humanos (DD HH)”, fustiga.
Por otra parte, el gobierno se escuda en lo que denominó una guerra económica que atribuye a la oposición, siguiendo el argumento de que todos los males que hoy vive Venezuela son una herencia de la IV República.
Sin embargo, las acciones de la llamada revolución no distan mucho del modelo que hoy tanto critican.
“Si vemos los informes de Provea del año 89 para acá nos encontramos con que hay patrones de represión que se repiten. El patrón de represión del 27 y 28 de febrero se ha repetido en diferentes oportunidades durante los últimos cinco-seis años, con mayor concentración en el período del presidente Nicolás Maduro”, destaca Hermida.
La coordinadora de Exigibilidad de Provea recuerda que esta organización ha estado auspiciando el diálogo y el llamado al presidente para la búsqueda de soluciones. “Lamentablemente vemos a un Gobierno que está prácticamente aislado. Seguimos insistiendo en la necesidad de que el Gobierno establezca medidas de emergencia en cuanto alimentación y salud”.
Denuncias se duplican
¿Se justifica el descontento social en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Las estadísticas que lleva Provea apuntan a que sí. Tan solo en materia de salud, el informe correspondiente a 2014 indicaban un aumento de 45% sobre las denuncias por falta de acceso a la salud; para este año, cuando se presentan los resultados de 2015, Hermida precisa que “todos los indicadores conducen a concluir que estamos en presencia de una duplicación de estas denuncias”.
“La violencia acarrea más violencia, y el país no está para eso, está para el diálogo, la búsqueda de soluciones, y si el gobierno no está en capacidad de eso tiene que abrir el cauce para darle paso a mecanismos que permitan que otros actores políticos puedan adelantar las soluciones que el pueblo está exigiendo”, concluye.
Correo del Caroní
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