Derecho de palabra de Trabajadores de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)
Este martes, durante la plenaria, la Asamblea Nacional aprobó, solo con los votos de los diputados de la Unidad, designar una comisión mixta integrada por diputados de las Comisiones Permanentes de Desarrollo Social Integral y Administración y Servicios para atender la problemática de los trabajadores de Corpoelec.
La decisión se tomó luego del derecho de palabra que se le otorgó a Reinaldo Díaz, trabajador de la mencionada empresa, quien recordó, con suma preocupación, que es la energía eléctrica lo que conduce o retrasa el desarrollo económico del país.
“No puede ser que haya apagones y cortos circuitos, no puede ser que la falta de eficiencia se justifique con una matriz de opinión de sabotaje”, dijo Díaz desde la tribuna de oradoras.
Solicitamos, dijo, la libertad de los trabajadores de Termo Zulia, los trabajadores del Táchira, quienes continúan detenidos producto de la mala praxis de politización de Corpoelec. Agregó que han hecho propuestas referidas a la generación, transmisión, distribución y comercialización pero no han tenido respuesta alguna.
Destacó que Corpoelec no solo tiene una crisis eléctrica, también tiene una crisis laboral, la Convención Colectiva ampara 42 mil trabajadores, 10 mil jubilados y tiene más de 5 años vencida. Informó que la negociación en torno a esta materia tiene más de un año y aún así no se han firmado las cláusulas económicas.
Añadió que han solicitado al Ministerio de Energía Eléctrica una solución para que el contrato colectivo sea aprobado en los próximos días e informó que la solución ha sido planteada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Click aquí para continuar leyendo
Segunda discusión del Proyecto de Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.
La Asamblea Nacional sancionó en la sesión ordinaria de este martes, por unanimidad, el Proyecto de Ley que regula el uso de Teléfonos Celulares en los Centros Penitenciarios del país y que establece la obligatoriedad del Estado a instalar aparatos y medidores de señal conocidos como “Hamer” en los todos establecimientos carcelarios.
Dicho proyecto de ley, fue elaborado por Comisión Mixta de Cultos y Régimen Penitenciario y de Política Interior, presididas por los diputados Richard Blanco (Unidad-Distrito Capital) y Delsa Solórzano (Unidad-Miranda), luego de una amplia consulta pública en la que participaron funcionarios policiales expertos en la materia, rectores de distintas universidades y representantes de empresas que prestan servicios de Internet.
Según los expertos consultados, cada vez se hace más frecuente que desde las cárceles venezolanas los privados de libertad utilizan teléfonos celulares y medios tecnológicos dependientes de Internet para realizar extorsiones, secuestros, sicariatos y cobros por devolver a los dueños su vehículo robado o cualquier otro objeto de valor.
Debate sobre la Inconstitucionalidad del Decreto del Arco Minero del Orinoco.
Luego de un largo y extenso debate la mayoría del Bloque de la Unidad aprobó un Acuerdo en el cual se rechaza y desconoce el Decreto 2.248, del 24 de febrero de 2016 (G.O. Nº 40.855) para la explotación del denominado Arco Minero del Orinoco que fuera emitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Para este punto, la directiva de la Asamblea, concedió el derecho de palabra a la ex-ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio y a Ángel Luzardo, constituyentista y profesor en derecho ambiental de la Universidad Central de Venezuela.
Osorio durante la intervención, en su condición de mujer, ecologista, revolucionaria y chavista, dijo que el Decreto del Arco Minero del Orinoco es un ataque a la vida, un criminal desconocimiento a los pueblos indígenas y una violación a la esencia de la Constitución.
Enfatizó que la explotación minera significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio ambiental de una proporción de territorio nacional.
Estos 112 mil kilómetros cuadrados, 12% de territorio nacional del Arco Minero, incluyen selvas tropicales húmedas, grandes extensiones de sabanas, extraordinaria diversidad y territorio indígena, todo esto amenazado con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en ese decreto, acotó la ex funcionaria.
"No hay ninguna tecnología de la minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental, las experiencias ambientales son contundentes. Cuando fui Ministra del Ambiente se suspendió esa primera concesión. El presidente Chávez, nos dijo en su momento, ese oro se queda debajo de la tierra, por eso defiendo ese legado", explicó la ex funcionaria.
Osorio informó que se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Político Administrativa, un recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad del acto contenido en este Decreto. Este recurso fue introducido por Freddy Gutiérrez, Cliver Alcalá Cordones, Héctor Navarro, Gustavo Marques Marín, Juan García Viloria, Ramón Rosales Linares, César Romero, Luis Esteban Monsonyi, Santiago Arconada, Edgar Lander y mi persona, dijo finalmente.
Por su parte el profesor Ángel Luzardo, señaló que este Decreto 2248, se traduce en una entrega de la soberanía que debe ser rechazado por esta AN. "Solo comparable con la concesión Valladares de la época, porque pone en peligro el patrimonio transgeneracional de los venezolanos y de los indígenas.
Este decreto es totalmente ecocida, contaminaría con mercurio y con cianuro las últimas reservas de agua potable no contaminadas de Venezuela que están al sur del Orinoco.
"No es posible sustituir el rentismo petrolero por el rentismo minero. Se pierde la República y se destruye el territorio, debe ser rechazado", dijo Luzardo. Click aquí para continuar leyendo
Aprobado en primera discusión Proyecto de Ley sobre Zona Libre de Paraguaná
Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná, ubicada en el estado Falcón.
La normativa establece en su articulado la necesidad de operar un Régimen Especial Territorial de carácter fiscal, para el fomento de la prestación de servicios en la actividad turística y comercial conexa al turismo en el área geográfica de los municipios Carirubana, Falcón y Los Taques del estado Falcón.
La norma jurídica considera que los Servicios Conexos al Turismo y a su fomento, aquellos que por su naturaleza producen atractivos para el flujo turístico hacia la Zona Libre, tales como: Alojamiento con fines Turísticos, Colonias y Centros vacacionales para niños, niñas, adolescentes, adultos, y personas de la tercera edad, Viviendas vacacionales, entre otros.
Así mismo este instrumento legal contempla la creación de la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), con carácter de Instituto Autónomo, con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, adscrita al ministerio de Turismo,
En la norma los Prestatarios de Servicios Turísticos o Comerciales conexos al Turismo, debidamente autorizados por la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA), estarán exentas del pago de los respectivos tributos internos así como del impuesto al valor agregado.
Así mismo estarán exentos del pago del Impuesto sobre la Renta, por un lapso de diez años los enriquecimientos obtenidos por los prestatarios de servicios turísticos y comerciales conexos al Turismo previstos en esta Ley, que realicen nuevas inversiones en infraestructuras para operaciones dentro de la Zona Libre de Inversión Turística en la Península de Paraguaná.
El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, podrán establecer mediante convenio cambiario, las regulaciones del régimen para la adquisición de divisas por parte de los Prestatarios de Servicios Turísticos y Comerciales conexos al Turismo. Click aquí para ver Ley
Debate sobre los Hechos Violentos en la Población de Cariaco.
Luego de que el pasado domingo, debido a una protesta por falta de comida en Cariaco, estado Sucre, y en la que efectivos policiales y militares decidieron reprimir con golpes, gases y disparos, dejando un saldo de un muerto y 11 heridos, hoy martes, en Plenaria, debatieron los hechos violentos y designaron una Comisión para su investigación.
La mencionada comisión estará integrada por los diputados del estado Sucre, entre ellos: Milagros Paz Fuenmayor, Gilberto Pinto y José Gregorio Noriega. Entre las acciones que se han propuesto emprender se encuentran visitar el lugar de los acontecimientos y recoger los testimonios de los testigos y acudir a los órganos de seguridad del Estado venezolano.
Para abordar el delicado tema la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) permitió el derecho de palabra de Marianny Ortega, quien se dirigió hasta el Parlamento para relatar cómo ocurrieron los hechos el día de la manifestación.
Ortega expresó que el pueblo de Cariaco se siente, realmente, molesto y frustrado porque por tan sólo una protesta por comida haya resultado un muerto de tan sólo 21 años.
“Es doloroso que personas hayan entrado a mi casa para resguardarse de los funcionarios que intentaban agredirlas; los efectivos, inclusive, viendo que resguardaba a las personas me golpearon y apuntaron con sus armas.
¡Eso es inhumano!, gritó la dama. Click aquí para continuar leyendo
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