Fuentes de la OEA explicaron el jueves a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, que la organización estudiará la normativa internacional, la de la OEA y la interna de Venezuela antes de tomar una decisión sobre el documento presentado hoy, un proceso que podría llevar meses.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el documento aprobado el martes sobre la “nulidad” de la solicitud de retirada de la organización con el argumento de que “los pactos internacionales sobre derechos humanos” tienen “rango constitucional” y, por tanto, “no hay fórmula” para abandonarlos.
Según el parlamentario, Venezuela “no tiene ningún mecanismo” para retirarse de “mecanismos que de manera clara lleven a otorgar derechos humanos”, como la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948 que el pasado viernes denunció el Gobierno de Nicolás Maduro para solicitar su retirada de la organización.
“No hay manera y así está establecido en la Constitución”, aseguró el opositor.
En su opinión, el documento que hoy presentó “pararía el reloj de los dos años”, el plazo que tarda en hacerse efectiva la salida de un país de la OEA.
Pero admitió que “eso es una decisión que ahora, con las reglas de los propios convenios y la propia organización, queda sometido para que se frene” en la OEA.
Almagro no compareció ante la prensa tras su reunión con Borges y se limitó a escribir en su cuenta de Twitter que había conversado con él sobre la “situación actual de crisis en Venezuela”.
Después de recibir al parlamentario, informó también en la red social de que había mantenido “un diálogo” con el abogado constitucionalista Román José Duque, sin precisar más al respecto.
El Gobierno de Maduro dio el 28 de abril el paso sin precedentes de pedir la salida de la OEA tras aprobarse el 26 de abril la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela pese a la oposición frontal de Caracas a esa sesión.
La salida no será efectiva hasta 2019, como marca la Carta de la OEA, por lo que hasta entonces Venezuela será miembro con plenos derechos y obligaciones y, por ende, el resto de países podrá seguir haciendo reuniones y pronunciándose sobre su crisis.
No obstante, el Gobierno venezolano ya ha dejado claro que no participará en ninguna actividad de la OEA a partir de ahora y que no tendrá en cuenta nada de lo que se apruebe en el organismo.
El paso de Venezuela no tiene precedentes en la OEA, ya que ni siquiera Cuba, país al que se suspendió en 1962 y se le levantó esa sanción en 2009, denunció nunca la Carta de la OEA, por lo que es miembro aunque no participe y asegure no tener intención de volver a hacerlo.
Efe/ El Nuevo Herald
