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En un fallo firmado por la sala y dado a conocer hoy a Efe en Miami (EE.UU.), la sala constitucional da respuesta a una denuncia de inconstitucionalidad planteada por los políticos Diego Arria, María Corina Machado, Antonio José Ledezma y Cecilia Sosa en relación con la creación de la ANC y los actos emanados de ella.
El pasado 13 de octubre, 18 de los 33 magistrados designados por el Parlamento, de mayoría opositora, se configuraron como “Tribunal Supremo en el exilio” en una ceremonia en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los magistrados de la sala, equivalente a un tribunal constitucional, consideran en su fallo, que lleva fecha de hoy, que la ANC ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo venezolano de convocarlo como lo exige el artículo 347 de la Constitución.
El fallo fue dado a conocer por el presidente de la sala constitucional del TSJ venezolano en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, quien acudió hoy a un foro sobre la reinvención de los partidos políticos en Miami.
En el foro participan varios expresidentes latinoamericanos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien autorizó a los magistrados del TSJ venezolano en el exilio a reunirse en las instalaciones del organismo interamericano en Washington.
El empresario venezolano radicado en Miami Nelson Mezerhane, uno de los organizadores de este foro a través de una cátedra que lleva su nombre el Miami-Dade College (MDC), agradeció a Almagro los esfuerzos por restablecer la libertad y la democracia en Venezuela.
Según dijo, Almagro es considerado “un venezolano”, afirmación que fue refrendada por los asistentes al foro poniéndose en pie y aplaudiendo al secretario general de la OEA.
Al foro asisten los magistrados del TSJ venezolano que trabajan desde Washington.
En su fallo de hoy la sala constitucional llama a las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano a “acatar esta decisión vinculante”.
También activa la resistencia pacífica, “habida cuenta de que todos los ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el artículo 333”.
Por lo tanto, “los ciudadanos civiles y militares tienen el legítimo deber de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente conforme a lo previsto en el articulo 350”.
Asimismo se insta a la Sala de Casación penal del TSJ a determinar la responsabilidad penal a que hubiere lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado “los actos fraudulentos, en especial los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente”.
El alto tribunal ordenó remitir copia del fallo a los poderes públicos, empezando por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de la sala constitucional del TSJ subrayó que el fallo no solo da respuesta a denuncias de los cuatro ciudadanos demandantes sino los de organismos internacionales y derechos humanos, gobiernos latinoamericanos y de otras regiones, e instituciones de dentro y fuera de Venezuela.
Martín Tortabu subrayó que es un fallo vinculante y que debe ser acatado inmediatamente y señaló que la legitimidad de este tribunal es reconocida por gobiernos y organizaciones internacionales.
“Estamos mostrando nuestra legitimidad y dando respuesta al pueblo venezolano”, dijo a Efe.
Domingo Salgado, vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ, indicó por su parte que se trata de darle vigencia nuevamente a la Constitución del país, reseñó EFE.
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