La revolución bolivariana cumplió un año más en el poder, un período en el que logró instaurar una asamblea nacional constituyente (ANC) tachada de antidemocrática por numerosos países, que le costaron a Venezuela sanciones internacionales y un país más aislado que nunca.
La ya de por sí elevada temperatura política se disparó en Venezuela el 31 de marzo, cuando el Supremo quiso dar la puntilla a un Parlamento de mayoría opositora ya diezmado por anteriores sentencias con su decisión de atribuirse las funciones que la Constitución le reconoce a la Cámara.
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Casi a diario, y en prácticamente todos los estados del país, miles, decenas de miles y a veces cientos de miles de venezolanos exigieron desde el 1 de abril el final de lo que denunciaban como un régimen dictatorial cada vez peor disfrazado de democracia.
Para evitar un contagio a sus feudos, y utilizando bombas lacrimógenas, perdigones de goma, canicas de metal y otras municiones prohibidas en el control del orden público, la Guardia Nacional y la Policía respondieron a las marchas impidiendo el paso de los manifestantes a sectores de tradición chavista.
Batallas campales entre fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes que respondían con piedras y cócteles incendiarios se adueñaron de muchas calles de Venezuela.
Ante la creciente tensión, el presidente Nicolás Maduro salió el 1 de mayo con una propuesta unilateral: convocar, sin consulta popular previa, a la elección de una Constituyente que, aseguró entonces, devolvería la paz y la tranquilidad al país.
Lejos de aplacar las protestas, el anuncio exacerbó los ánimos. Además de no ir precedida de una consulta, la junta sería elegida según un censo sectorial que muchos juristas vieron como un atropello del principio de sufragio universal.
La oposición sumó a las demandas en las protestas la retirada del proyecto constituyente, y consiguió paralizar buena parte del país en varias ocasiones con cortes de calles masivos que se saldaron con virulentos enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Pese a la intensidad de las protestas, y a los 7,6 millones de venezolanos que votaron en contra de la Constituyente en una consulta celebrada el 16 de julio por la oposición sin el reconocimiento del gobierno, la ANC fue votada el 30 de julio entre candidatos oficialistas.
Al menos 124 personas murieron durante los cuatro meses de protestas contra el gobierno, 46 de ellas a manos de fuerzas de seguridad y 27 por la acción de grupos de civiles "armados progubernamentales", según un balance de la ONU.
Las manifestaciones se desvanecieron con la instalación en agosto de la constituyente, que manda con plenos poderes en el país desde entonces pese a que la Carta Magna limita las atribuciones de un cuerpo como este a la redacción de una nueva Ley Fundamental.
La manera en la que fue instaurada, y el tipo de leyes restrictivas de los derechos y libertades de la República, han llevado a las principales democracias de Europa y América a no reconocer la legitimidad de la ANC.
La Unión Europea y Canadá han dictado sanciones contra Venezuela por esta presunta deriva totalitaria, a las que la cúpula oficialista -que aún conserva el apoyo de países como China, Rusia y Cuba- ha reaccionado con duras críticas a lo que llama "injerencias".
Pero las medidas con más incidencia contra el gobierno de Maduro han venido de Estados Unidos, que ha prohibido a sus ciudadanos y empresas negociar deuda nueva emitida por Venezuela, complicando aún más el acceso a financiación de la administración chavista.
Casi al final del año, tras transitar por esta accidentada ruta de violencia y caos social, el país se sumerge en octubre en un cuadro de hiperinflación cuando se observa que solo en ese mes el índice de precios al consumidor sobrepasó el 50%.
Mientras, aumentan las escenas de personas comiendo de la basura, de comercios cerrados y de reportes de aumento de desnutrición y enfermedades que habían sido erradicadas.
EFE
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