El proyecto estaba destinado a alimentar a millones de personas.
En Delta Amacuro, un remoto estado venezolano sobre el mar Caribe, un gigante de la construcción china firmó un acuerdo con el fallecido presidente Hugo Chávez. La firma construiría nuevos puentes y carreteras, un laboratorio de alimentos con tecnología de punta y la planta de procesamiento de arroz más grande de América Latina.
El acuerdo de 2010, con la estatal CAMC Engineering Ltd de China, también desarrollaría arrozales dos veces más grandes que la superficie de Manhattan y crearía puestos de trabajo para muchos de los 110.000 residentes del área, según una copia del contrato visto por Reuters.
El estado Delta Amacuro era un lugar ideal para demostrar el compromiso del gobierno socialista de empoderar a los pobres.
También mostraría cómo Chávez y su sucesor escogido Nicolás Maduro podían trabajar con China y otros aliados con ideas afines para desarrollar áreas productivas más allá de los generosos yacimientos petrolíferos de Venezuela.
“¡Potencia arrocera! ¡Potencia agrícola!”, tuiteó Chávez en ese momento.
Nueve años después, los habitantes de Delta Amacuro tienen hambre. Pocos empleos se han concretado y la planta de arroz está a medio construir y funciona a menos del uno por ciento de lo prometido. No ha producido un sólo grano cultivado localmente, de acuerdo con una docena de personas involucrada o familiarizada con el proyecto.
Sin embargo, CAMC y unos pocos socios venezolanos prosperaron.
Venezuela le pagó a CAMC al menos 100 millones de dólares por el estancado plan, según los contratos del proyecto y documentos de una investigación hecha por fiscales en Europa.
Las miles de páginas de documentos judiciales, revisadas por Reuters, están archivadas en Andorra, el principado europeo donde los fiscales alegan que los venezolanos involucrados en los proyectos buscaron lavar los sobornos recibidos por ayudar a asegurar el contrato. El material sobre el acuerdo con China, reportado por primera vez aquí, incluye testimonios confidenciales, transcripciones de escuchas telefónicas, registros bancarios y otros documentos.
En septiembre pasado, en una acusación formal un juez de un tribunal superior de Andorra dijo que CAMC pagó más de 100 millones de dólares en sobornos para asegurarse el proyecto de arroz y por lo menos otros cuatro contratos agrícolas.
Procesó a 12 venezolanos por delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para lavar dinero. Entre los procesados está Diego Salazar, primo de un exministro de Petróleo que, según los investigadores, facilitó los contratos. También fue procesado el que en ese momento era el máximo representante en China de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA o PDVSA.
Dieciséis personas de diferentes nacionalidades también fueron procesadas y al menos otros cuatro venezolanos, una de las cuales fue embajadora en Pekín y ahora es la diplomática más importante del país en Londres, están bajo investigación, según los documentos.
El resultado, según los fiscales, fue una cultura de amplio alcance de sobornos, pagados a través de cuentas “offshore”, en la que intermediarios venezolanos bien conectados se beneficiaron y que finalmente paralizó proyectos que se suponía serían para desarrollar rincones olvidados del país.
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