Las protestas que vivió Latinoamérica en 2019 podrían repetirse cuando acabe
la pandemia si las medidas para luchar contra la estela de pobreza y
desigualdad que va a dejar el virus son insuficientes, alertó este martes la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"Si la ciudadanía ve que esta crisis fue el shock necesario para cambiar de
mentalidad y de modelo de desarrollo, podremos tener un mejor futuro",
indicó en una entrevista a Efe la secretaria ejecutiva del organismo
dependiente de la ONU, Alicia Bárcena.
Por el contrario, agregó, "si los Gobiernos están pensando en volver a lo
que había antes, ahí es donde se va a desatar la crisis social nuevamente
porque no queremos volver a tanta desigualdad y a tantas brechas
estructurales".
El 2019 fue un año de hartazgo en todo el mundo, especialmente en algunos
países latinoamericanos, como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, donde
miles de ciudadanos se levantaron contra la desigualdad, el machismo o la
corrupción y protagonizaron masivas marchas que dejaron más de medio
centenar de fallecidos.
Según la Cepal, la pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor
recesión en la historia de Latinoamérica, lo que sin duda es un caldo de
cultivos para nuevas revueltas.
El organismo estima que el producto interior bruto (PIB) de la región se
contraerá un 5,3 % este año, que habrá 11,6 millones de nuevos
desempleados y 215 millones de pobres, pues la tasa de pobreza pasará del
30,3 % al 34,7 % de la población.
"La reconstrucción social que se va requerir después de esta pandemia es
mucho más profunda que solo la reactivación económica, se requieren nuevos
mecanismos de solidaridad", apuntó Bárcena desde la sede de la institución
en Santiago.
UN INGRESO BÁSICO DE EMERGENCIA
La propuesta del organismo es que el denominado ingreso básico de emergencia (IBE) tenga una duración de al menos seis meses y sea equivalente a una línea de pobreza, que supone aproximadamente 143 dólares mensuales.
La medida, que en principio solo beneficiaría a los 215 millones de personas en situación de pobreza, supondría un gasto adicional del 2,1 % del PIB regional.
"Para el mediano y largo plazo, lo ideal es lograr un ingreso básico universal que garantice a la población el derecho a salir de la subsistencia", dijo Bárcena, quien apuntó que en ese caso el costo sería del 9,8 % del PIB.
Hasta la fecha 23 países han puesto en marcha programas de transferencias directas a los sectores más vulnerables, pero los montos son "insuficientes", según la Cepal.
Para Bárcena, el IBE es "perfectamente viable" porque la mayoría de los países tienen espacio fiscal y los que no lo tienen están pidiendo préstamos con bajos intereses a los organismos multilaterales.
"La evasión fiscal en la región es del 6,3 % del PIB, tres veces más de lo que costaría este ingreso básico. Ahí tenemos una fuente de financiamiento muy potente y la otra es la renuncia tributaria, que es lo que los países dejan de recibir por prebendas empresariales y que es del 3,7 % del PIB", aseguró la secretaria, , que pidió también avanzar hacia una reforma fiscal "más progresiva".
La región, con 626 millones de personas y considerada la más desigual del mundo, enfrenta la pandemia en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, encadenando siete años de escaso crecimiento y con una expansión del PIB que apenas alcanzó el 0,1 % el año pasado.
Antes del COVID-19, que ya afecta a más de 4 millones de personas en el mundo y ha provocado más de 287.000 muertes, la Cepal preveía que la región crecería un máximo de 1,3 % este año.
María M.Mur
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