Detrás de la fachada de “proyecto político”, el autoproclamado Juan Guaidó y el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López escondían una “corporación criminal” que pretendía entregar los recursos venezolanos al gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).
“Es una corporación criminal –donde participan líderes de la oposición venezolana- que está dirigida a socavar los intereses de Venezuela, apoderarse de los activos financieros de nuestro país y de nuestras empresas en el extranjero”, subrayó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, señaló que sectores extremistas validan la tesis de que Venezuela pertenece a EE.UU., razón la cual defienden los intereses de la administración de Donald Trump.
En este sentido, indicó que los recursos congelados no reposan en cuentas, dado que gran parte fue transferido a las arcas del Sistema de la Reserva Federal estadounidense.
“Es un vulgar despojo a las reservas de Venezuela, no crean que los recursos están allí para ser utilizados por el pueblo”, apuntó, al tiempo que recordó que previamente autoridades nacionales demostraron cómo los activos de CITGO, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que opera en EE.UU., “habían sido depositados en la cuenta de Juan Guaidó”.
En las maniobras de corrupción resalta el abogado José Ignacio Hernández, designado como “procurador especial” por Guaidó, quien creó un artificio antijurídico para justificar el despojo de los recursos venezolanos, favoreciendo a las empresas Crystallex y ConocoPhillips.
“Si era abogado de Crystallex, si está actuando a favor de ConoccoPhillips ¿cómo puede representar los intereses de Venezuela?”, inquirió Rodríguez, quien calificó a Hernández como “un usurpador, extorsionador y estafador”.
En conclusión, explicó Rodríguez, “este plan antipolítico de Juan Guaidó y Leopoldo López nunca ha buscado defender a Venezuela, ellos trabajan para defender los intereses del gobierno de Estados Unidos”.
Reiteró que José Ignacio Hernández, quien mantiene estrechos vínculos con la organización extremista Voluntad Popular, fungió como abogado de las empresas que – a través de la Procuraduría General de Venezuela- han sido demandadas por pretender apropiarse de los recursos nacionales.
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