Tras ocho debates y con una amplia mayoría, la Cámara de Representantes de Colombia ha eliminado este miércoles la reelección presidencial, de la que se benefició el actual presidente,Juan Manuel Santos y su predecesor, Álvaro Uribe. La iniciativa, que forma parte de la reforma constitucional de equilibrio de poderes, se viene discutiendo desde septiembre de 2014 y ahora pasará a sanción presidencial.
Con 90 votos a favor y 10 en contra, se establece que “no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la presidencia”. El texto de la enmienda advierte que esa figura solo podrá revivirse con una constituyente o un referendo tramitado por el Congreso y votado por los colombianos.
Esta fue una de las propuestas que llevó el actual presidente, Juan Manuel Santos, al Parlamento colombiano tras su reelección, por considerar que esta figura, implementada en 2004 para permitir un segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe, rompió con la tradición de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público. “Desmontar la figura de la reelección es la puerta de entrada al restablecimiento del equilibrio de poderes en nuestro país”, dijo Santos cuando presentó la iniciativa después de una reñida campaña electoral en la que el candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, ganó la primera vuelta.
A esta reforma se opuso precisamente la bancada uribista del Centro Democrático, ya que sostiene que con su aprobación se está evitando una nueva postulación del expresidente. En el último debate, el representante de ese partido, Edward Rodríguez, intentó introducir una proposición para permitir que otros expresidentes, contando a Uribe, pudieran volverse a lanzar más adelante, de cara a las elecciones de 2018, pero fue derrotada porque debió haberla presentado desde el primero de los ocho debates que deben surtir las enmiendas constitucionales. El congresista señaló que esta reforma parecía una “revancha contra el expresidente Álvaro Uribe”.
La reforma también incluye que no podrán ser reelegidos inmediatamente otros altos funcionarios como el Procurador, el Registrador y el Defensor del Pueblo para evitar la concentración del poder en pocas manos, y que aquellos que quieran postularse a la presidencia y hayan ejercido el cargo de “vicepresidente, ministro, magistrado, procurador general, defensor del pueblo, contralor general, fiscal general, registrador nacional, comandantes de fuerza pública, gobernador o alcalde”, deberán renunciar un año antes de realizarse las elecciones.
El Congreso también aprobó que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que logren la segunda votación obtengan de manera automática un asiento en el Senado. Esta reforma empezará a funcionar a partir de las presidenciales de 2018. Con la enmienda constitucional se mantiene entonces el período de los gobernantes en cuatro años sin la posibilidad de volver a aspirar y retoma la vieja tradición colombiana de recambio en el poder.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha asegurado en una entrevista con Blu Radio, que lo más importante es que “ajustemos a Colombia a un sistema de pesos y contrapesos que permita un mayor equilibrio y eso no es posible sin eliminar la posibilidad de esas reelecciones para que no haya hombres todopoderosos en Colombia”.
El País
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